El pasado 11 de noviembre, en Lanzarote, se celebraba la XXX Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV). Durante la misma se puso el foco en las reformas legislativas de la UE que afectarán a aspectos esenciales del sector del vino y se solicitó a las instituciones europeas y a la administración pública de nuestro país estabilidad normativa y consideración por el positivo impacto que el sector y las denominaciones de origen tienen en el territorio.
Con la presencia de los principales representantes de la mayoría de los 54 consejos reguladores que forman parte de CECRV, se llegó a algunas conclusiones importantes:
- Las denominaciones de Origen no necesitan un nuevo reglamento que las regule a nivel europeo. Ya lo hace el reglamento sobre la Organización Común de Mercados de los productos agrarios (OCM). El proceso de reforma se debería traducir en mejoras en esta organización, no en un nuevo reglamento de base que solo añadiría complejidad y disfunciones administrativas.
- No tiene sentido que el sector del vino sea objeto de una nueva reforma de etiquetado cuando ni siquiera han entrado en vigor las nuevas disposiciones de etiquetado nutricional y de ingredientes previstas para diciembre de 2023. Unas disposiciones que harán que el sector del vino y sus operadores proporcionen al consumidor información rigurosa al respecto.
- Tanto el sector del vino, como las Denominaciones de Origen deben seguir formando parte de la política de promoción de productos agroalimentarios de la UE, en las mismas condiciones que el resto de los sectores, por su significativa aportación a la economía y a la sostenibilidad de las zonas rurales de la Unión.
- CECRV continuará reclamando a las administraciones públicas atención y consideración hacia el patrimonio cultural, social, económico y paisajístico que supone el viñedo para las zonas en las que se asienta ante la proliferación descontrolada de desproporcionados proyectos de producción de energía (principalmente eólica y fotovoltaica) que ponen en riesgo la viabilidad de este cultivo. Se necesita un marco regulatorio más ambicioso.
Mientras tanto, desde CECRV, se está trabajando en la ejecución de un estudio sobre la sostenibilidad económica y social de las denominaciones de origen del vino que les permitirá medir con precisión el impacto positivo que tienen desde el punto de vista medioambiental, social y económico.
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